Hoy se firma oficialmente en Estocolmo el Convenio sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este convenio, resultado de tres años de negociaciones internacionales, será también suscrito el Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, en representación del Gobierno español.

Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) son productos y subproductos de la actividad industrial humana que se definen por su volatilidad, su gran estabilidad química y su capacidad para acumularse en los tejidos grasos de los organismos vivos. Liberados al medio ambiente pueden viajar a través del aire y el agua hacia regiones muy distantes de su fuente original. De hecho, las concentraciones más elevadas se han detectado en los polos, a miles de kilómetros de distancia de sus focos de emisión, donde afectan de manera especial tanto a las aves y mamíferos marinos como a las poblaciones indígenas.

La característica esencial de los COPs es su alto riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas. En concentraciones extraordinariamente bajas, son capaces de inducir trastornos hormonales, nerviosos, inmunológicos y reproductivos, así como cánceres y tumores de múltiples tipos.

El daño que causan no se expresa en la población adulta expuesta a ellos, sino en la generación siguiente: los COPs presentes en el cuerpo de la madre son transferidos a través de la placenta al feto en desarrollo y a través de la leche materna al lactante, provocando daños en etapas vulnerables del desarrollo que pueden expresarse cuando el niño alcanza la pubertad o la edad adulta.

Entre las familias de COPs más perniciosos, se encuentran varios plaguicidas clorados, como el DDT, aceites industriales como los PCBs, y residuos no deseados como las dioxinas. Estas últimas, procedentes de la quema de compuestos que contengan cloro, son el grupo de sustancias más tóxicas que se conocen: un gramo convenientemente dosificado podría causar la muerte a más de un millón de personas.

El Convenio de Estocolmo persigue la eliminación total de 12 de estas sustancias ("la docena sucia": Aldrin, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, toxafeno, PCBs, DDT, dioxinas y furanos). Para ello, se acuerdan una serie de medidas dirigidas a la sustitución de los productos y procesos que las generan, así como un procedimiento de identificación de nuevos COPs.

En España, la generación de COPs alcanzó en 1996 una cantidad de 155 gramos de dioxinas y furanos, y 6.065 kilogramos de hexaclorobenceno, en su mayoría procedentes de instalaciones de combustión como centrales térmicas, fundiciones, cementeras o incineradoras de residuos donde se hayan quemado aceites, disolventes, plásticos, etc. que contengan cloro.

Por otro lado, el Gobierno ha estimado recientemente en 210.000 toneladas el volumen de aceites y aparatos contaminados con PCBs que aún existen en nuestro país.

Curiosamente, la mayoría de los pesticidas COPs de la "docena sucia" ya están prohibidos en muchos países, pero medio millón de toneladas aún permanecen almacenadas en lugares no apropiados en todo el planeta, principalmente en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, casi el 30 por 100 de las 50.000 toneladas en Africa están en la lista de productos químicos de acción prioritaria. Hasta el momento, tan sólo 2.000 toneladas se han devuelto a sus productores en Europa.

En este contexto, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Comisiones Obreras y Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU), coinciden en apoyar el Convenio de Estocolmo como un instrumento imprescindible para avanzar en un futuro sin contaminantes orgánicos persistentes.

Por otra parte, en un comunicado conjunto, solicitan al Gobierno español una rápida ratificación, que asegure su aplicación en el plazo de tiempo más breve posible.