En la actualidad, España se integra junto con Portugal y Grecia en el reducido grupo de países que agota la prórroga comunitaria que establece la prohibición definitiva en todos los Estados Miembros para el 1 de enero del 2005. Con la inminente publicación de esta norma se erradica la exposición a estas fibras cancerígenas de miles de trabajadores.

Aún deben iniciarse las medidas oportunas para articular de manera adecuada a la situación de todos aquellos trabajadores que se ven y se han visto expuestos a esta sustancia cancerígena, como consecuencia de su actividad laboral. Entre las medidas más inmediatas está la creación urgente de un Organismo Oficial, el Instituto para afectados del Amianto, que con carácter principal tramite y gestione los sistemas económicos reparadores y compensadores hacia este colectivo, en coincidencia con las políticas adoptadas en otros Estados Miembros como por ejemplo Francia.

Algunos sectores piensan también en la promulgación de una norma que posibilite el adelanto en la edad de jubilación para los trabajadores del amianto y la vigilancia de la salud de los trabajadores actualmente expuestos y el control epidemiológico de los expuestos en épocas anteriores resulta de la misma manera necesario.

En el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Grupo de Trabajo del Amianto creado en virtud del Acuerdo de 9 de diciembre de 1998 ha iniciado la andadura de forma muy positiva en la definición de medidas eficaces. En este sentido, se ha elaborado un primer Documento de propuestas aprobado unánimemente por el Pleno de la Comisión Nacional de 31 de enero, respecto de las cuales se demanda el necesario impulso político para su plasmación a la normativa interna de nuestro país, consiguiendo con ello de manera real, práctica y efectiva, los objetivos consensuados en este órgano de participación institucional.