El modelo recuerda que los factores socioeconómicos como la tasa de paro, el éxodo rural o el incremento de población pueden ser detonante de incendios 

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Lleida y la Universidad de Alcalá han desarrollado un modelo que predice el riesgo a largo plazo de que en un determinado municipio haya una alta incidencia de incendios causados por la acción humana. La investigación analizó hasta 29 variables de riesgo, entre ellas algunas de tipo socioeconómico como la tasa de paro.

Finalmente, el modelo creado –el primero de este tipo en España- toma en cuenta las 13 variables más significativas para el conjunto del país, e identifica como zonas de mayor peligro Galicia, la cornisa cantábrica y los litorales catalán y valenciano, junto con diversos puntos del interior de España.

“El índice no pretende ser una estimación de riesgo a corto plazo (diaria o semanal), que se suele hacer con parámetros meteorológicos, sino que analiza el riesgo a largo plazo, más permanente y estable”, aclara Jesús Martínez, del Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC en Madrid. El investigador señala además que “más del 90% de los incendios forestales en España se deben directa o indirectamente a la acción del hombre; sin embargo, los factores humanos apenas son tenidos en cuenta en los análisis e índices de riesgo utilizados”.

La metodología puede aplicarse además para crear modelos a escala regional, lo que permite observar la variabilidad geográfica de los factores de riesgo. Así, en Madrid, el factor de riesgo más importante es la zona de transición urbano-forestal; en Aragón, la zona de transición entre la zona agrícola y la forestal y en Galicia, la fragmentación del paisaje agrario. 

Para crear el índice, los investigadores analizaron datos de los incendios forestales ocurridos en 6.006 municipios de todo el país durante el periodo 1988-2000 (todos excepto los de Navarra y las Islas Canarias, por falta de datos). El modelo se calibró con los datos del 60% de los municipios y se validó con los del 40% restante, demostrando una fiabilidad del 85%. En cuanto a las variables de riesgo, fueron elaboradas a partir de fuentes cartográficas digitales, análisis con sistemas de información geográfica y fuentes censales diversas. 

La importancia de los conflictos sociales 

Las variables con mayor peso en el modelo son la densidad de maquinaria agrícola, la densidad de ganado en régimen extensivo tradicional y la fragmentación del paisaje agrícola. Los dos primeros se pueden considerar como indicadores de la actividad agrícola y ganadera, en la que el uso del fuego sigue siendo generalizado. 

Estos factores se ven agravados por la existencia de conflictos sociales. “Las dificultades económicas pueden influir en la aparición de conflictos que en ocasiones se manifiestan en el uso del fuego intencionado”, explica Martínez. De hecho, una de las variables incluidas en el modelo es la tasa de paro. “Esto puede hacer que la población vea en la extinción de incendios y en la recuperación de las zonas afectadas una fuente de empleo, como se ha demostrado en algunas zonas del sur de Italia”, apostilla el investigador. 

A todo ello se suma el abandono agrario (medido en este caso como el paso de suelo agrícola a forestal), que contribuye a crear situaciones de peligro. Para Martínez, “el abandono generalizado de parcelas agrícolas, aunque sean de muy pequeño tamaño, colonizadas por vegetación altamente inflamable, constituye una seria amenaza para las zonas forestales contiguas aunque éstas se encuentren bien cuidadas”. Los resultados también confirman la importancia de la cercanía del bosque a vías de transporte o a infraestructuras de riesgo como vertederos y minas.

En total, se han identificado 29 variables de riesgo, que se agrupan en siete grandes bloques (factores): transformaciones socioeconómicas de áreas rurales, transformaciones socioeconómicas de áreas urbanas, persistencia o transformación de actividades tradicionales ligadas al fuego en áreas rurales, accidentes o negligencias relacionadas con infraestructuras eléctricas, de transporte y otros, estructura del paisaje y de la población , política forestal y factores relacionados con fuegos intencionados.