La normativa pretende cubrir el vacío legal que actualmente existe respecto a residuos como los procedentes de teléfonos móviles, ordenadores y otros electrodomésticos con componentes electrónicos.

Entre otros aspectos, el borrador establece que los propios fabricantes, distribuidores y vendedores deberán constituir Grupos de Gestión, autorizados por la Administración, para garantizar la adecuada recogida y destino final de estos residuos, que en su mayor parte tienen la consideración de peligrosos.

En cuanto al material que puede ser asimilable a residuo urbano, su gestión seguirá correspondiendo a las entidades locales, que podrán suscribir convenios con los grupos de gestión que se autoricen para que éstos se encarguen, parcial o totalmente, de operaciones como la recogida, el transporte, el almacenamiento, el reciclaje o la eliminación.

El borrador, que se remitirá para su consulta a todos los agentes implicados, se enmarca en la Ley de Protección Ambiental de Andalucía, norma que establece diversas medidas para que los productores y poseedores de este tipo de residuos se hagan gradualmente cargo de todas las tareas relacionadas con su manipulación y destino final.

La fórmula de integrar a fabricantes, distribuidores y vendedores en grupos de gestión ya se viene aplicando durante los últimos años a la recogida y el tratamiento de los plásticos agrícolas en la comunidad autónoma.