Fuente: Madrid/Geoscopio.
Las formas y métodos para combatir las prácticas forestales ilegales han sido el tema central de la discusión entre expertos internacionales, que se reunieron la semana pasada en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma, para analizar políticas que permitan una mejor aplicación de las leyes en el sector forestal.
Alrededor de 30 expertos internacionales han identificado una larga lista de delitos forestales, que van desde la corrupción en el sector de las concesiones madereras a la elaboración y el comercio ilegal de productos forestales en todo el mundo.
Entre los participantes se encontraban expertos del Banco Mundial y de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, organizaciones no gubernamentales como Global Witness, Greenpeace, Transparency International, Fondo Mundial para la Naturaleza; grupos de expertos como el World Resources Institute and Forest Trends así como la industria privada del sector forestal.
Por primera vez en una reunión, representantes de una gama de intereses tan variados como los del sector gubernamental, no gubernamental y privado han discutido sobre el impacto de los delitos forestales y las formas posibles de controlarlos.
Durante la reunión, que ha durado tres días, los participantes han analizado una serie de políticas alternativas capaces de ofrecer las mayores oportunidades de éxito en la lucha contra las prácticas forestales ilegales y han explorado el papel de cada una de las partes encargadas de su realización.
Se han estudiado también los lazos entre los países consumidores y productores llegando a la conclusión de que la responsabilidad de las actividades ilegales no es patrimonio exclusivo de estos últimos.
Los expertos han apurado además que una serie de iniciativas internacionales, como el seguimiento tecnológico de la madera (log-tracking), supondrían una aportación importante al objetivo de combatir los delitos forestales, sobre todo si pudieran armonizarse según esquemas sobre los que existiera un acuerdo común y que implicasen a las partes interesadas.
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