Para ello, la Consejería de Medio Ambiente constituirá una comisión, en la que estarán representados todos los departamentos del Gobierno regional competentes .

Esta comisión deberá elaborar un modelo de "contrato verde" que especifique los criterios ambientales -por ejemplo el reciclado, la reutilización, el análisis del ciclo de vida de los productos usados, los sistemas de gestión medioambiental, la etiqueta ecológica, etc- que serán incluidos en los pliegos de cláusulas de procedimiento y forma de adjudicación.

Este documento especificará, entre otros puntos, los requisitos ambientales referentes a la capacidad técnica de los candidatos. En definitiva, el llamado "contrato verde" pretende contemplar la valoración ambiental como una exigencia objetiva en la resolución de los concursos convocados.

Esta decisión del Gobierno regional surge como consecuencia del debate del borrador de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, celebrado el pasado mes de noviembre y en el que los ciudadanos y los grupos de trabajo participantes realizaron numerosas propuestas de actuación, como fomentar, desde las Administraciones públicas, la contratación de productos, obras o servicios respetuosos con el medio ambiente.

En España existen ya algunas iniciativas que continúan esta línea, como la Orden de 14 de octubre de 1997 del Ministerio de Medio Ambiente, que puso en marcha medidas de fomento de la integración de los aspectos medioambientales en la contratación pública.

Esta Orden fijaba los criterios de modificación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares para las contrataciones de dicho Ministerio y sus organismos dependientes. También Cataluña ha recogido en diversa normativa los criterios ambientales para la adjudicación de contratos de obras, servicio y suministros.