Fuente: Madrid/Geoscopio
Las desaladoras, cuyo coste es superior a los 4 millones de euros, producirán 6.000 metros cúbicos de agua reciclada al día y permitirán mejorar la calidad de riego de 3.700 hectáreas pertenecientes a 772 agricultores
La Comunidad de Regantes de Pulpí (Almería) invertirá 4,1 millones de euros en un proyecto de mejora de las calidad de aguas de riego de la citada comunidad. En concreto, el proyecto consiste en la construcción de dos plantas desaladoras de agua y la infraestructuras necesaria para abastecer la red de riego de la comunidad con el fin de consolidar y asegurar los cultivos de su ámbito de producción.
Las plantas desaladoras tendrá una producción diaria de agua reciclada de 6.000 metros cúbicos (1,45 hectómetros cúbicos al año) y beneficiarán el riego a 3.718 hectáreas correspondientes a 772 agricultores. El proyecto de los regantes de Pulpí contempla también la instalación de aparatos de control y medida, con el fin de conseguir el máximo ahorro de agua posible en una comarca con tan escasa pluviometría.
Para la ejecución de esta iniciativa de mejora de la calidad de agua, la Comunidad de Regantes ha solicitado acogerse a las ayudas del Decreto andaluz de regadíos de la Consejería de Agricultura y Pesca aprobado a finales de 2001 y que recoge todo el paquete de medidas que desarrollará la Junta en esta materia hasta el año 2006. La subvención pública para este proyecto alcanzará los 1,7 millones de euros.
La ejecución de estas obras, que comenzarán a ejecutarse probablemente dentro de unos cinco meses, junto con las que se van a acometer por parte del Ayuntamiento dirigidas a la mejora de los caminos rurales, constituirán una importante transformación tanto de la infraestructura vial como de los regadíos, en beneficio de los cultivos hortícolas de Pulpí, así como los de la comarca del Levante almeriense.
El Decreto andaluz de regadíos tiene como principal novedad el incremento del apoyo público desde el 40% al 60% de las inversiones de los regantes con carácter general y la rebaja de 15 a 10 años la antigüedad mínima exigida a proyectos de modernización. La inversión prevista para estas actuaciones supera los 300 millones de euros hasta el 2006, de los que más de 156 millones serán de gasto público.
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