El objetivo del informe que el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, de la comunidad aragonesa, presentará en Madrid pretende profundizar en algunos aspectos de la prevención de riesgos que tienen una gran importancia a la hora de proponer medidas que reduzcan la siniestralidad.

El modelo de prevención de riesgos laborales que existe en España merece una valoración positiva y es equiparable, en cuanto a normativa, al de la Unión Europea. No obstante, las comunidades autónomas en nuestro país tienen serias limitaciones que impiden la obtención de mejores resultados, algo que sólo puede mejorar introduciendo modificaciones normativas.

Así las cosas, las propuestas de medidas afectarían a diversos temas, en los que se producen deficiencias importantes, cuya solución no se ha abordado hasta la fecha, entre estos temas cabe citar:

• Delimitación del ámbito de la prevención de riesgos laborales, en donde se propone, la unificación de prestaciones por contingencias comunes y profesionales o sistema que no incentive la declaración de accidentes frente a la contingencia común.
  
• Las deficiencias en el ámbito de la gestión de la prevención en las empresas y servicios de prevención, donde es preciso corregir determinadas prácticas contrarias a los criterios y al espíritu de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entre otras la creencia por parte de algunos empresarios de que la gestión de la prevención consiste exclusivamente en la contratación de un servicio de prevención ajeno.

Por otra parte, con el fin de paliar los recursos, siempre escasos, para el control de la siniestralidad, el Gobierno de Aragón propone, entre otras acciones, que los hechos comprobados por los técnicos de los institutos de las comunidades autónomas, en las visitas efectuadas a las empresas, deben presumirse como ciertos legalmente.

El informe también considera las nuevas tendencias a la externalización de actividades y la generalización de los procesos de subcontratación, lo que está provocando graves repercusiones en la prevención de riesgos laborales no quedando clara desde un punto de vista jurídico la delimitación de responsabilidades. Por lo que parece necesario la regulación precisa de los supuestos de externalización productiva.

En relación al sector de la construcción, sus características productivas propias hacen que, en sí mismo, arrastra un mayor número de riesgos que otros sectores, lo que pone de manifiesto la necesidad de modificar algunas de las regulaciones actualmente existentes, tanto en el ámbito legislativo como en el reglamentario, como es delimitar de una forma concreta las obligaciones y responsabilidades de los promotores profesionales cuando asumen la función de constructor.

Finalmente, en relación al sistema de sistemas de incentivación o penalización, mediante el incremento o disminución del pago de las cuotas por contingencias profesionales, el Gobierno de Aragón considera que deberá basarse, entre otros, en la actualización del sistema de primas vigente para adaptarlo a la situación de riesgos existente.

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