La nueva Ley básica tiene como principal novedad la incorporación del principio de desarrollo sostenible. Para ello establece la necesidad de contar con instrumentos de gestión y planificación para los montes, elaborados de acuerdo con el propietario y aprobados por la Administración competente, así como que los propietarios de los montes sean los responsables de su gestión, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y lo que éstas dispongan para los montes catalogados de utilidad pública.

Para los montes públicos de una dimensión suficiente, que fijarán las Comunidades Autónomas, será obligatorio un instrumento de gestión. Dado que se parte de niveles bajos de ordenación, se precisa un período transitorio de quince años para el cumplimiento de esta obligación, que no se establece para los montes privados.

Los montes que cuenten con instrumento de gestión, en especial los protectores y los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, podrán acceder a incentivos económicos que reconozcan sus servicios ambientales. Las Administraciones Públicas serán las encargadas de regular los mecanismos y las condiciones para estos incentivos. En lo que se refiere al mecenazgo, la Ley incorpora entre los fines de interés general la gestión forestal sostenible.

Con respecto a los incendios forestales, la Ley prohíbe, como regla general, el cambio de uso forestal tras un incendio. También establece la obligación de que toda persona debe avisar de la existencia de un incendio y atribuye a la sociedad un papel fundamental en la prevención de los incendios forestales y por ello promueve campañas de concienciación y sensibilización. Además, señala la necesidad de coordinación de las diferentes administraciones en la prevención y extinción de los incendios.

Por otra parte, la nueva ley incorpora al Catálogo de Utilidad Pública aquellos montes que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica y, en particular, los espacios naturales protegidos, como los propuestos para formar parte de la Red Natura 2000. Este Catálogo, de larga tradición forestal, garantiza una eficaz conservación de los mejores montes públicos españoles.

Los montes del Catálogo serán declarados Dominio Público Forestal, categoría que implica el máximo grado de integridad y protección del territorio público forestal, al convertirse en inalienables, inembargables e imprescriptibles. Por lo tanto, no podrán ser vendidos, ni embargados, ni perder la titularidad pública.

El Catálogo ha incluido hasta el momento los montes situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y que contribuyan a la regulación del régimen hidrológico y a la protección del suelo contra la erosión; los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y los que sean destinados a repoblación o mejora forestal con los fines antes referidos.

También se propone la reactivación de la figura de los "montes protectores", para el caso de montes de titularidad privada que cumplan con cualquiera de los requisitos que caracterizan a los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

España cuenta con una superficie forestal total de 26 millones de hectáreas, de las cuales más de dos tercios son de titularidad privada y el resto pública. Según indica el Tercer Inventario Forestal Nacional, está aumentando la superficie arbolada y la biomasa forestal en nuestros montes. España es el país de la Unión Europea que mayor número de espacios naturales aporta a la Red Natura 2000 y la mayor parte de estos espacios españoles son forestales.

Sin embargo, el principal problema es la falta de gestión. La escasa rentabilidad, la estructura de la propiedad en muchos casos muy fragmentada y la falta de incentivos para los propietarios en amplias zonas del territorio español hacen que el monte no se gestione y se encuentre en muchos casos en situación de semiabandono. Ello redunda en que se intensifique el déficit de producción forestal que sufre España y todo el conjunto de la Unión Europea y que la acumulación de biomasa incremente el riesgo frente a una de las principales amenazas del monte español: el fuego.

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