Fuente: Geoscopio/Madrid. España asumió en su momento el objetivo fijado por la Unión Europea de que los recursos renovables alcanzasen como mínimo un 12% del total de la demanda energética en el año 2010. Este compromiso político ya fue incluido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y confirmado en posteriores planificaciones, en particular en el propio Plan de Fomento de las Energías Renovables en España (PFER 2000-2010), en la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 y en la reciente Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4).
A día de hoy, no podemos ocultar el hecho de que el cumplimiento del Plan de Fomento está lejos de ser satisfactorio, lo que nos obliga a plantear nuevas estrategias que aseguren el cumplimiento del objetivo final. Bien es verdad que algunas áreas, como la eólica, el biogás o los biocarburantes han protagonizado una progresión casi espectacular, pero el balance en otras áreas, especialmente la de biomasa, es verdaderamente decepcionante.
A este escenario, además, se suma otro hecho que hay que afrontar. España ha registrado durante los últimos años un crecimiento notable de los consumos de energías, inducidos, en gran medida, por el importante incremento de la demanda eléctrica y del consumo de carburantes para el transporte. Este crecimiento intensivo es muy superior al deseable, por razones económicas y medioambientales; pero, además, convierte en imposible el cumplimiento del objetivo del 12%, al aumentar el peso de la demanda primaria que debe ser cubierto con los recursos renovables. En definitiva, el aumento de la intensidad energética está devorando todos los esfuerzos ejecutados en torno a las fuentes de energía renovable. Tanto es así, que, cuando en 1999 se aprueba el Plan Fomento, el aporte de las energías renovables a nuestro abastecimiento de energía era del 6% ; y, hoy, a pesar de los muchos "megavatios verdes" instalados, ese aporte es del 6,8%.Es decir, ha crecido menos de una décima por año. Si no hacemos algo, cien años no bastarían para alcanzar el objetivo propuesto.
Por eso, es imprescindible, en primer lugar, poner en marcha en nuestro país políticas de contención de la demanda energética. Con este convencimiento trabaja el IDAE, que ha elevado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para su análisis, un Plan de Acción 2004-2007 para el lanzamiento de la E4; y está desarrollando, siguiendo los criterios de la Secretaría General de la Energía, una revisión de los objetivos del Plan de Fomento de las Energías Renovables, en coherencia con el escenario de ahorro. Cumplir el objetivo del 12% para estas fuentes de energía va a requerir un incremento de los objetivos del 22%, teniendo en cuenta, sobre todo, las grandes posibilidades que tienen las tecnologías referidas a la energía eólica, biocarburantes y solar en sus tres vertientes, térmica, fotovoltaica y alta temperatura.
Los nuevos objetivos en renovables van unidos a una mejora del Decreto 436 que establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial ; mejora que afectará - tal y como ha señalado hace unos días ante el Congreso el Secretario General de la Energía- de forma especial a la rentabilidad de la biomasa.
Quiero señalar que las ayudas públicas que impulsan desarrollo de las energías renovables están claramente justificadas y, en contra de algunas opiniones que se vienen manifestando recientemente, no representan un privilegio frente a las ayudas que reciben o han recibido por variados conceptos otras opciones energéticas durante los últimos años. Como botón de muestra, y ciñéndonos al ámbito general de los países de la UE, si se analizan las ayudas públicas directas e indirectas durante 2001 a las diversas tecnologías energéticas, de los 29.200 millones de € aplicados, sólo el 18% de esta cantidad iba dirigido a las energías renovables y el 82% restante a fuentes fósiles y energía nuclear.
Además, por lo que respecta a las emisiones de CO2 evitadas por el Plan, tienen un sustancial valor económico, cuantificable entre los 780 millones de € y los 380 millones de € , según se comparen dichas emisiones con las asociadas a una central de carbón o a una central de ciclo combinado a gas natural.
En el plano socioeconómico, el impulso a las energías renovables genera otros beneficios: la existencia de un tejido industrial cada vez más consolidado, con un ritmo de creación de nuevas empresas elevado, contribuye eficazmente a la creación de empleo, tanto directo como indirecto. Hay que recordar además el beneficio social asociado a su carácter autóctono, ya que la creación de empleo ligada al desarrollo de las energías renovables suele localizarse en zonas rurales y dispersas, allí donde se localiza el recurso; y que, desde una perspectiva exterior, el dinamismo del tejido industrial asociado a las energías renovables constituye un factor de competitividad para España. En este sentido, quiero resaltar que nuestro país dispone de una industria y unas tecnologías de desarrollo propio que son líderes en el mundo.
No podemos olvidar, por último, que las energías renovables se incorporan al Plan Nacional de Asignaciones de Emisiones de CO2 como instrumento fundamental para la reducción de dichas emisiones en los llamados sectores difusos ( transporte y edificación), que no están dentro de la Directiva.
Alcanzar el objetivo del 12% es pues un reto monumental pero, también, de obligado cumplimiento. Y en eso estamos trabajando.
Proyecto desarrollado por SERINA
