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FENACORE advierte que la nueva Directiva de Aguas puede provocar la suspensión de riegos o el cierre temporal de empresas en épocas de sequía

Jueves, 2 de Marzo de 2006



Fuente: Geoscopio/Madrid.
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, advirtió hoy que si finalmente la Directiva Marco de Aguas (DMA) obliga a mantener una excesiva calidad ecológica de este recurso, sin que se hayan previsto las obras estructurales o de mejora en los regadíos actuales, podría provocar en épocas de sequía la suspensión de los riegos o el cierre temporal de empresas por falta de agua o deterioro de su calidad.

Del Campo -que participó en unas jornadas celebradas en Sevilla sobre la gestión del agua e inauguradas por la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves- señaló que la transposición de esta normativa europea resulta "casi una excepción" dentro de los países de la Unión Europea cuando se trata de la agricultura española, debido a su rigor climático y a la necesidad de mantener numerosas infraestructuras hidráulicas para poder disponer de agua garantizada.

En este sentido, el presidente de los regantes apuntó que a la hora de aplicar la Directiva, la Administración debe tener en cuenta que las necesidades de agua y de regulación de cuencas hidrográficas en España son muy distintas a las europeas, ya que si se aplicase la recuperación íntegra de los costes en nuestro país, desaparecería más del 30% del regadío español por falta de competitividad.

De esta forma, el presidente de Fenacore señaló que en función del grado de aplicación que el Gobierno decida finalmente hacer de esta DMA y, más concretamente, del artículo nueve relativo a la recuperación de costes, dependerá que en nuestro país se pueda desarrollar un modelo de agricultura sostenible o insostenible, de enorme perjuicio medioambiental y económico-social para España.

Además, el presidente de los regantes precisó que la escasez de agua no justifica una repercusión de costes como medida medioambiental ya que el encarecimiento del recurso -salvo de manera excesiva- no supone una disminución inmediata del consumo por parte del agricultor regante, sino el traslado de su actividad hacia otro tipo de cultivos menos demandantes de agua.

Además, precisó que definir el concepto de recuperación de costes y delimitar los usuarios sobre los que éste debe recaer es muy difícil de definir y más en un clima, como el de España, marcado por fuertes periodos de sequía donde el agua embalsada permite a regantes y poblaciones tener el agua garantizada.

Según Del Campo, "gracias a la existencia de aproximadamente 1.300 embalses, en las épocas de extrema sequía se han podido solucionar -no sin dificultades- las necesidades para el abastecimiento de las poblaciones de nuestro árido país, por lo que en estos casos, relativamente frecuentes, cabría preguntarse qué proporción de cada embalse corresponde amortizar el regante y cuánto el resto de la población".

Finalmente, Del Campo reprochó a los representantes políticos de todos los países miembros que no hayan contado con la presencia y la opinión de los mayores usuarios del agua para diseñar la estrategia común de implantación de la Directiva Marco de Aguas.

En este sentido, lamentó la exclusión de Fenacore del Consejo Asesor de Medio Ambiente, del que fueron cofundadores en 1994 y en el que han participado ininterrumpidamente desde su creación, presidiendo incluso el Grupo de Trabajo de Aguas y Costas durante años. Desde la reforma de su composición en 2001, formalizada legalmente a primeros de 2005, Fenacore quedó excluida del consejo cuando, en su opinión, nunca debiera haber salido.


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