Andrés del Campo, que realizó estas declaraciones en la inauguración de la XI edición del Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, insistió en que poner un precio al agua no es un mandato de esta directiva, sino una actuación que, realizada de manera generalizada, crearía "indefensión" a los usuarios y pérdida de competitividad para la agricultura española, que ha de competir con otros países de Europa, donde sin necesidad de agua tienen iguales o superiores producciones a las de nuestras zonas regables.

A diferencia de otros países europeos, incluidos los mediterráneos, España cuenta con 1.300 grandes embalses y un nivel de regulación del 45%, es decir, que casi la mitad del agua que emplea procede de los embalses porque su pluviometría es muy baja. Sin embargo, otros países europeos toman el 42% de su agua directamente de los ríos porque su nivel de lluvias es alto y no precisan, por tanto, de obras de regulación para garantizar el acopio de agua.

Por otro lado, Del Campo advirtió que la aplicación de la recuperación íntegra de los costes del agua sobre las tarifas de los agricultores -que contempla la DMA- supondría la desaparición de la tercera parte del regadío español por falta de competitividad. Así, manifestó su preocupación por los "impactos económicos y sociales" que la aplicación de una política indiscriminada de precios al agua produciría sobre la agricultura de regadío, fundamentalmente en los cultivos de interior, menos rentables económicamente pero con un alto valor paisajístico y medioambiental.

El presidente de Fenacore precisó que este sistema de fijación de precios conduciría a una agricultura insostenible y, por tanto, a la desaparición del 30% de las zonas regables, con una pérdida importante de la aportación de la agricultura al PIB español (cifrado en más del 20% en algunas provincias), así como a la crisis del turismo rural, la desertización de zonas rurales y la concentración de la población en grandes ciudades. "Una zona de regadíos deshabitada se convierte en el basurero de la ciudad más próxima", afirmó.

Del Campo insistió en que no es necesario la modificación del régimen económico-financiero de la Ley de Aguas para transponer la Directiva Marco de Aguas a nuestro ordenamiento jurídico ya que la legislación nacional contempla, en cierta medida, este principio. 

Además, apuntó que esta directiva no obliga a aplicar la recuperación íntegra de costes sino que puede tenerse en cuenta, con el fin de que la agricultura sea sostenible, los efectos medioambientales, sociales y económicos, así como de las condiciones geográficas y climáticas de los territorios afectados y la excepcionalidad en determinados usos. 

Finalmente, Del Campo manifestó su esperanza de que los estudios que está elaborando la Administración para cada cuenca hidrográfica, con el fin de precisar la aplicación del principio de recuperación de costes (en función de distintos efectos medioambientales, sociales y económicos, etc.) permitan que la transposición de la DMA descanse sobre la situación real de cada territorio, garantizando así la sostenibilidad de la agricultura española.