El
principal instrumento específico diseñado hasta en España en materia
de calidad de las aguas es el Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales 1995-2005, que tiene la finalidad
de proteger la calidad de las aguas continentales y marítimas de los
efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas.
El cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de saneamiento
y depuración exige la realización de las infraestructuras de saneamiento
que afectan a núcleos de población que superan los limites indicados.
Todas las actuaciones
de saneamiento previstas se realizan en ejecución del citado Plan,
que asigna a las Administraciones una serie de obligaciones, programando
actuaciones y responsabilidades, así como la cuota de financiación,
para garantizar la calidad de la depuración y el vertido de las
aguas residuales urbanas. En cumplimiento de lo establecido, se
han ido aprobando por el Gobierno inversiones en obras hidráulicas
destinadas a la depuración y saneamiento de aguas residuales.
El Plan tiene
como objetivo garantizar la calidad de depuración y de vertido de
las aguas residuales urbanas de acuerdo con los criterios de la
Unión Europea y prevé medidas de acompañamiento que van desde la
reducción en origen de la carga contaminante y control de los vertidos
hasta la restauración ambiental de las cuencas. La inversión total
que habrán de realizar las tres Administraciones se estima en una
cifra del orden de los 1,8 billones de pesetas a lo largo de los
diez años de vigencia del Plan. Por otra parte hay que destacar
que en el marco del PND se ha pasado de un tratamiento adecuado
de los vertidos para el 40,6% de la población española, en 1995,
a un 50,7%, en 1998.
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